Podemos rechaza que el de Pedro San Ginés sea “un juicio político”
“Decir que será un juicio político es faltar gravemente al respeto del juez instructor de la causa, a quien Coalición Canaria está acusando de forma implícita de prevaricar”, afirmaba hoy Carlos Meca, el portavoz de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, refiriéndose, decía, a “las acusaciones realizadas por San Ginés y Coalición Canaria en las últimas horas tildando esta causa de juicio político”, según el portavoz.
Podemos, que se persona como acusación popular por posible prevaricación administrativa en la incautación en 2014 de la planta desaladora de Janubio por parte del Cabildo de Lanzarote, aclara en las declaraciones de Carlos Meca que “la apertura del juicio oral no es consecuencia de la voluntad de Podemos, sino del criterio de un magistrado que entiende que existen indicios de criminalidad en la incautación”, ha señalado el portavoz; aunque no contara la fase preliminar con el respaldo de la Fiscalía, que no vio indicios de delito, y de la propia empresa afectada por la incautación, que retiró la acusación particular.
“Mientras algunos se empeñan en burlarla, nosotros creemos que la política sirve también para hacer justicia y celebramos que así haya sido en este caso”, ha destacado Meca, quien considera que “las críticas de San Ginés y de CC sólo confirman su preocupación ante la inminencia del juicio“.
Griselda Martínez y Carlos Meca, dos de los tres consejeros de Podemos Lanzarote en el Cabildo.
El portavoz de la formación morada ha recordado además que el grupo Podemos en el Cabildo se personó en la causa en el año 2015, cuando la acusación particular, representada por la empresa Club Lanzarote, el Ministerio Fiscal y el juez instructor, «entendían que habían indicios de criminalidad en la incautación de la desaladora”.
Una vez que la Fiscalía recomendó el archivo de la causa y Club Lanzarote renunció a acusar, explica que Podemos Lanzarote continuó con esta causa “por coherencia con la decisión que tomamos en 2015 y porque compartimos el criterio del juez instructor de que se pudo cometer un delito de prevaricación” administrativa, apunta Carlos Meca.
