San Ginés esgrime el auto favorable para avalar su gestión en Montaña Roja

El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, se mostraba hoy “muy satisfecho” con la decisión judicial que homologa el acuerdo entre el Consorcio Insular de Aguas y Club Lanzarote, promotora del Plan Parcial de Montaña Roja, en Playa Blanca (Yaiza), y reconoce que el Consorcio será el ente que lleve a cabo el abastecimiento domiciliario y depuración de aguas y el que facturará a los usuarios y vecinos de la Urbanización Montaña Roja, en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos de Lanzarote.

En su comparecencia pública de este lunes, el presidente lanzaroteño ponía especial énfasis en que Club Lanzarote -según el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas que da vía libre al acuerdo- asumirá todos los gastos y deberá pagar un canon al Consorcio del 15% de los ingresos facturados, (estimado en 400.000 € anuales). “Se ha logrado lo único que ha querido el Consejo Insular garantizando el suministro de agua de abasto en las mismas condiciones para los vecinos de Playa Blanca”, decía en un momento de su discurso.

En el mismo se indica que Club Lanzarote solo “podrá utilizar la desaladora para el autoconsumo del Hotel Natura Palace, propiedad de la misma, así como cualquier otro consumo propio de Club Lanzarote SA (oficinas, hoteles, villas…)”.

También se acordó y recoge el auto “tendrá validez sólo hasta la completa recepción de las obras de urbanización del Plan Parcial de Montaña Roja por el Ayuntamiento de Yaiza”, añadiendo que “una vez realizada la completa recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento de Yaiza, la gestión global y completa del servicio se realizará por el Consorcio del Agua de Lanzarote”.

El presidente dejaba claro que “no se está autorizando a Montaña Roja a vender a aguas a terceros, solo se prorroga la autorización de auto consumo que siempre tuvo”.

La sentencia habilita el acuerdo

Pedro San Ginés aclaró, ante las preguntas formuladas en rueda de prensa, que el convenio -según los servicios jurídicos del Cabildo- tiene el carácter ejecutivo de una sentencia y no es necesaria su firma. “Tal es así que el propio auto dispone, no sólo la homologación del acuerdo, sino advierte de las consecuencias de su incumplimiento”.

Explicó además que la mediación ante los tribunales por parte del Cabildo corrió a cargo de sus servicios jurídicos, quienes de común acuerdo con los representantes del Club Lanzarote SA, eligieron como mediador a uno de los tres mediadores que disponen los juzgados de lo contencioso, en el “Marco del Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fundación Valsaín, la Comunidad Autónoma de Canarias y el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas”.

Además, expone el auto que “ambas partes tras la homologación de este acuerdo de mediación presentarán el mismo en los recursos (que tienen pendientes ambas partes), poniendo de manifiesto que los mismos han perdido su objeto por satisfacción extraprocesal”. Entre ellos se “desestima la reclamación de responsabilidad patrimonial promovida por Club Lanzarote SA por los posibles daños ocasionados por la incautación de los elementos del ciclo integral del agua de Club Lanzarote SA”.

El auto concluye que “si las partes llegarán a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el juez dictará Auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico, ni lesivo del interés público o de terceros, circunstancias que no concurren en este caso”.

Una polémica incautación

En cuanto al origen de estos litigios, Pedro San Ginés afirmó que la incautó la desaladora se produjo ante la denuncia tanto del Diputado del Común -hasta en cuatro ocasiones- como del Gobierno de Canarias, requiriendo al Consejo Insular de Aguas los permisos concedidos a Club Lanzarote para la venta de aguas a terceros, “permisos que ni tenían, ni tienen, advirtiendo además que si no se actuaba acudirían a la Fiscalía por inacción del Consejo”. Eso sí, vista la deriva en los tribunales de esta incautación cautelar, que podría llevar a juicio oral al máximo responsable del Cabildo conejero, aunque los tribunales la consideraron en primera instancia no ajustada a derecho, aclaraba San Ginés que el Consejo recurrió aquella decisión cuyo “pronunciamiento definitivo está a expensas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias”.

Por otra parte, y paralelamente a la incautación cautelar, el Consorcio dio instrucciones a Canal Gestión para realizar las obras de conexión de la red pública al Plan Parcial Montaña Roja con el fin de devolver cuanto antes la planta al promotor. Sin embargo, las obras fueron paralizadas por la justicia impidiendo dicha conexión.

Relató San Ginés que con posterioridad y tras la denegación de la prórroga de autoconsumo a Club Lanzarote, por incumplimiento de las condiciones de autorización al vender agua a terceros, -y no por falta de autorización para producir agua como maliciosamente informan algunos medios- el gobierno finalmente decretó la clausura inmediata de la desaladora, “con la paradójica condición al mismo tiempo de garantizar el abasto de agua a los vecinos, lo cual colocó al Consorcio y al Consejo en una situación de compleja solución”.

Asimismo, y si bien el Consorcio ya venía desde hace años tratando de alcanzar un acuerdo con el promotor, “fue el propio juzgado en el que se sustanciaba el recurso del Club Lanzarote a la denegación de la referida prórroga quién conminó a las partes a alcanzar un acuerdo”.

En ese sentido el Consorcio aprobó remitir a los Juzgados la propuesta de acuerdo que resultó finalmente homologada, despejando así las dudas de legalidad planteadas por el entonces socio de gobierno y la oposición.

Un acuerdo anunciado

También quiso despejar dudas San Ginés en cuanto a las críticas recibidas por alcanzar un acuerdo tras la decisión de los tribunales de primera instancia de tumbar la incautación: “Respecto al oscurantismo planteado por la oposición en torno a los términos del convenio, incluida la acusación de que el mismo se alcanzó y promovió solo tras la apertura del procedimiento abreviado, de 21 de julio 2017, está más que acreditada la transparencia de los términos básicos del acuerdo por cuanto fueron públicos y publicados hasta dos años antes de dicha apertura del procedimiento abreviado. En concreto se explicó en diversas sesiones tanto del pleno del Consejo Insular de Aguas; como del Consorcio del Agua de Lanzarote; y en el propio pleno del Cabildo de Lanzarote. Además, se viene publicando, prácticamente lo que se acordó y recoge el auto, en medios regionales y locales, tanto en el año 2015, como en el año 2016”, argumentaba hoy.

Críticas al PSOE

No quiso dejar escapar el presidente la ocasión para reprochar al PSOE que fuera esta una de sus excusas para abandonar el actual gobierno con CC y PIL: “Lanzarote gana con este acuerdo… Hay que recordar que este fue el detonante del PSOE para dejar el Gobierno insular, aduciendo poco menos que se estaba utilizando como una herramienta política al Consorcio de Aguas”, comentó poco antes de afirmar que “la actual dirección del PSOE -partido al que respeto por su historia- no está a la altura… De ellos no espero nada”, decía mientras enumeraba algunas de las decisiones socialistas “en torno a la Cueva de los Verdes” o a las “críticas a la destitución del director de la Oficina Insular de Política Territorial” del Cabildo, “que luego han olvidado y no han quedado en nada”, espetaba.