Los ayuntamientos podrán delegar la convocatoria de plazas de policía local

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación por decreto de la Ley de Policías Locales de Canarias, y así permitir a los ayuntamientos delegar en el Ejecutivo la convocatoria de plazas de policía local para cubrir sus vacantes.

La introducción de esta disposición adicional se produce a propuesta de la Consejería de Política Territorial y seguridad del Ejecutivo canario.

La delegación comprenderá, al menos, la competencia para la aprobación de las bases de selección, para la concreción de las plazas a convocar y para la determinación de los criterios de participación económica que ha de asumir proporcionalmente cada ayuntamiento delegante. El Gobierno de Canarias llevará a cabo una convocatoria anual unificada.

Según datos de las organizaciones sindicales, existen en estos momentos en torno a 700 plazas de policía local vacantes en todo el Archipiélago, generadas, entre otros factores, por las restricciones estatales que limitaron durante años la tasa de reposición. A ellas se suman las 300 vacantes que se estima que generará la aplicación del Real Decreto 1449/2018 que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales.

Por ello, se considera desde el Gobierno necesario establecer un modelo de acceso flexible y ágil que facilite a los ayuntamientos de Canarias la cobertura de las múltiples vacantes que disponen, unidas a las que se van produciendo por el natural envejecimiento de este sector del empleo público.

Justifican así desde el Ejecutivo la “necesidad extraordinaria y urgente de esta modificación”, en tanto que es preciso contar con la inmediata habilitación legal para que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que cuenta con más medios materiales y recursos humanos, pueda prestar inmediato apoyo a los municipios que se ven desbordados para atender la cobertura de las vacantes en sus policías locales, con el consiguiente perjuicio para cubrir este servicio público esencial.

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