Aplazan el desahucio de Cristina a la espera de lograr un alquiler social

Previsto inicialmente para este viernes, los juzgados lanzaroteños han acordado prorrogar el desahucio de Cristina Cividanes y dar un plazo de tres meses para que la inquilina de la vivienda pueda alcanzar con el banco un acuerdo de alquiler social. La entidad financiera, Bankia, promovía su desalojo, si bien la afectada espera alcanzar en las próximas semanas un entendimiento tras la apertura al diálogo por parte del propietario.

Ayer jueves, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Lanzarote desconvocó la concentración prevista para evitar el desahucio de la familia de, precisamente, esta miembro fundacional y portavoz habitual ante los medios de comunicación, Cristina, que no contaba con alternativa habitacional y que se enfrentaba nuevamente al desalojo, ahora prorrogado.

El plazo dado por la Justicia para abandonar la vivienda propiedad de la entidad financiera Bankia finalizó en junio pasado. Se daba la circunstancia de que el desahucio, previsto inicialmente para el pasado 15 de julio, fue inicialmente suspendido. Y ahora, a las puertas de otra actuación este mismo viernes 22 de julio, la interesada ha recibido con satisfacción el nuevo aplazamiento de tres meses.

Ayer, las redes sociales mostraban su satisfacción ante la noticia.

Ayer las redes sociales mostraban su satisfacción ante la noticia.

La vivienda de Cristina Cividanes se encuentra en la Urbanización Jardín de Yaiza, en Playa Blanca. Desde la PAH han criticado que el banco siempre haya “preferido echarla a la calle en lugar de darles el alquiler social que piden”, aclaran. Según afirman, la vivienda llevaba vacía años, y Bankia la tenía completamente “desatendida”, ya que “no se hacía cargo de los gastos de comunidad ni suministros. Fue entonces cuando Cristina y su hija, en aquel momento menor de edad, se vieron obligadas a recuperarla para no vivir en la calle”, explican.

Ponen el acento en que Bankia fue rescatada con miles de millones de dinero público, y la PAH no comparte que “prefiera que “sus” casas se caigan antes que conceder un alquiler social en ellas a familias que no tienen dónde vivir”, denuncian. La PAH lanzaroteña tacha de “despropósito” este asunto, a lo que añade la “injusticia” que se ha producido ya que Cristina, que se tuvo que enfrentar a un juicio “por no tener donde vivir”. Cristina ya fue condenada en octubre de 2015 a pagar una multa y fue desahuciada; si bien ahora se abre la posibilidad de alcanzar un acuerdo para lograr el alquiler social.

La PAH ya denunció que el caso de Cristina Cividanes y su familia “no es excepcional… Aunque en campaña electoral nos quieran vender que el problema de la vivienda ya no existe en España”, critican.

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