El Cabildo aprueba la exigencia laboral en los CACT sin el grupo de Gobierno

Con el rechazo del grupo de Gobierno del Cabildo lanzaroteño, integrado por CC, PIL y NC, la oposición en la institución conejera lograba este lunes sacar adelante un acuerdo plenario que busca desbloquear la sombra de huelga en los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de Lanzarote, respondiendo así a la petición del Comité de Huelga de los Centros Turísticos, realizada el pasado mes como condición para el cese de los paros.

El primer Punto del Pleno celebrado este lunes recogía la relación de 10 actuaciones que vendrían a satisfacer las aspiraciones de los sindicatos en este conflicto, las que tienen que ver con los complementos salariales y la aplicación de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 30 de noviembre de 2016, tras el desencuentro por un error en su aplicación que supuso la ejecución del Convenio de 2014 en esta empresa pública dependiente del Cabildo.

El presidente insular, Pedro San Ginés (CC), y el grupo de Gobierno, perdían esta votación; tras lo cual advertían a la oposición de que se trataba de un acuerdo “nulo de pleno derecho”, y que, por lo tanto, «tal y como se ha aprobado hoy» no iba a ser asumido por la dirección de los Centros Turísticos.

Esgrimía Pedro San Ginés durante todo el pleno -y en varias intervenciones el portavoz de CC, Luis Arráez- los tres informes de la Institución que analizan esta medida laboral, unos documentos donde se mantienen reticencias con respecto a la aplicación de los puntos que van del apartado 7 al 9 del acuerdo político alcanzado finalmente hoy.

La oposición impone su criterio

Durante las intervenciones de los portavoces de los partidos que plantearon este acuerdo, todos ellos dieron escasa repercusión a estos informes que blandían desde el Gobierno para deslegitimar la aprobación, relativizaron su calado y priorizando en el debate la ejecución firme de la sentencia del TSJC favorable a los intereses de los trabajadores.

Tanto Ciudadanos como Somos Lanzarote, el Partido Popular, Podemos y el PSOE acusaron a la Presidencia de no atender a la realidad y querer quitarle la razón a la mayoría del plenario. En una larga discusión, el consejero Benjamín Perdomo (Cs) le recordaba a Pedro San Ginés que el grupo de Gobierno había sacado antes adelante en otras ocasiones “unas 300 actuaciones con reparos de la Intervención”; y el caso de Ángel Vázquez (PP), afirmó que los informes que exponían “no declaran ilegal este acuerdo; no dicen eso”.

También Tomás López (Somos Lanzarote) subrayó que «lo que estamos haciendo es acatar una decisión de la Justicia, y somos responsable con ello. No hay informe mayor que ese… Cumplimos la sentencia, cumplimos el Convenio y la carta de garantías», dijo en una de sus alocuciones.

La interpretación de los informes se convirtió en el principal elemento de discordia de un Pleno Extraordinario que versó en torno a unas reclamaciones salariales que los trabajadores han exigido desde hace meses y que la oposición se comprometió a secundar de forma conjunta. En medio, uno y otro bando se repartieron acusaciones de intento de privatización de los servicios de los Centros, de mala gestión en épocas pasadas, o de enchufismo e intereses personales que supuestamente giran en torno a la empresa.

En las filas del PSOE, José Juan Cruz, defendió la conveniencia de un acuerdo que viene a poner fin a una “injusticia” cometida con los trabajadores. Tanto Cruz como los otros portavoces de la oposición no consideraron que la aplicación salarial demandada por los empleados suponga contravenir los criterios de contención de gesto recogidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que estiman que la subida en las nóminas vendría producida por una sentencia judicial, y «eso no es una subida salarial», decían.

Este criterio no compartido por Coalición Canaria, que insistió e invitó a esperar a las sentencias particulares para afrontar este cargo en las nóminas que, «tal y como se ha aprobado, es nulo de pleno derecho«, advirtió Pedro San Ginés haciendo referencia en uno de los informes técnicos de la Institución.

San Ginés sembró dudas sobre la aplicación del acuerdo

Este maratoniano debate plenario supuso la pérdida de la votación por parte del Gobierno, ahora en minoría e  integrado por 9 de los 23 consejeros del Cabildo.

El grupo de Gobierno advirtió de la «nulidad» del acuerdo y la «imposibilidad» de que el Consejo de Administración de la Empresa Pública de Promoción Exterior (EPEL) de Lanzarote ejecute lo dispuesto por el plenario.

En otro punto del orden del día se acordó exigir a la dirección de la EPEL la ejecución del acuerdo sobre la aplicación de la sentencia en un plazo de 24 años, bajo la amenaza de destitución de sus principales directivos. Incluso aquí, Pedro San Ginés -que defendió en todo momento que la sentencia se estaba aplicando ya- apuntó que el pleno del Cabildo no tiene capacidad para realizar los nombramientos o ceses de este órgano  de administración de los Centros Turísticos. La oposición le advirtió que «ya se vería el modo» de hacer cumplir este mandato, quitando peso a la falta de fiabilidad aludida por el presidente sobre una aprobación que «no vale para nada tal y como está planteada», decía.

Por último, también salió adelante la creación de una Comisión que estudie la modificación de los Estatutos de la Empresa Pública de Promoción Exterior de Lanzarote (EPEL).

CC acusa al PSOE de provocar inestablidad

San Ginés, además, insistió en recordar que considera “máximo responsable” de lo acontecido en los Centros a la dirección actual del Partido Socialista, toda vez que “su aparente posicionamiento de lado de los trabajadores no esconde otra cosa más que la búsqueda de apoyos ante el inminente proceso congresual al que se enfrenta esa formación”. En esa línea, invitó al Partido Socialista a que designe como su representante en el Consejo de Administración de los Centros a la propia secretaria insular, María Dolores Corujo, -cuestión factible de acuerdo a los Estatutos de la Entidad- y se comprometió “solemnemente” a permitir que sea ella quien asuma la responsabilidad de ejecutar el acuerdo plenario “en coherencia con lo que ha votado y defendido su partido”. De hecho, insistió en que “no seré obstáculo alguno para que el PSOE ejecute el acuerdo que ha promovido y que tanto respalda.

José Juan Cruz (PSOE) le respondía que asumiera su responsabilidad, sin señalar a la secretaria insular socialista.

Advirtió también San Ginés, “de inmediato pondré en conocimiento de los órganos competentes lo que considero un acuerdo que, de llevarse a cabo, podría ser objeto de sendos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos”.

En su discurso dirigido al PSOE, el presidente afirmó que “la inestabilidad es el sello de los socialista lanzaroteños, como quedó acreditado al final de la pasada legislatura, al comienzo de esta y, en la actualidad, utilizando como pretexto esta huelga  para la ruptura del gobierno y poniendo en serio riesgo la estabilidad de otras dos instituciones, en una de las cuales, al menos, habrá que elegir nuevo alcalde”.