El Tribunal Supremo avala el alquiler vacacional en zonas turísticas canarias
El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado en sentencia la prohibición del alquiler de viviendas vacacionales en las zonas turísticas de la Comunidad Autónoma de Canarias, tal y como planteaba el Gobierno regional en Decreto.
Los argumentos del TS son contundentes a la hora de anular dicha prohibición, suscribiendo así el criterio mostrado hace meses en sentencia previa dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, lo que tumbaba el Decreto aprobado por el Ejecutivo canario.
Según asevera el documento emitido por la Sala de Tribunal Supremo, “tal como se razona en la sentencia impugnada (por el Gobierno), la prohibición de ofertar viviendas vacacionales que se encuentren ubicadas en las zonas turísticas delimitadas en el ámbito territorial de Canarias establecida en el artículo 3.2 del Decreto 113/2015, es contraria al principio de libertad de empresa que garantiza el artículo 38 de la Constitución Española…”
Aclara además la sentencia del alto tribunal que “la exclusión de la oferta de viviendas vacacionales ubicadas en zonas turísticas fue la de que obedecía a meras razones de carácter económico (que las viviendas vacacionales no compitan con el resto de establecimientos alojativos turísticos hoteleros u extrahoteleros, para lo que sería necesario que no se ubiquen en la mismas zonas), lo que entendemos no puede incardinarse en ninguna de las razones imperiosas de interés general”.
Conocida esta decisión del Supremo, desde la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) -quienes han esperado casi 5 años para que el TS dictaminara sobre el asunto y operar con normalidad en zonas turísticas- han afirmado que son conscientes que “se ha ganado una batalla, pero no la guerra, ya que, todavía faltan por abordar todas las restricciones que a nivel urbanístico se pretenden imponer de manera totalmente injustificada y que pretenden seguir vulnerando nuestros derechos”, según critican en un comunicado.
Añaden también que “esta sentencia también pone fin a las pretensiones de ciertos partidos políticos de aprobar una Ley Turística que siga persiguiendo la prohibición de la VV en zonas turísticas”, dicen, refiriéndose a la posibilidad anunciada por la Consejería de Turismo para que sean los propios ayuntamientos y cabildos los que decidan limitar o no esta oferta en sus planeamientos urbanísticos locales.
ASCAV cuenta con unos 1400 socios en las islas, liderando la representación de una oferta turística que genera un impacto económico que ronda los 1500 millones de euros anuales, según los datos del colectivo.
