El PP pide que las costas del juicio del secretario las pague la alcaldesa

El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Arrecife considera que las costas del juicio por el traslado del anterior secretario del consistorio “no debe salir del bolsillo de los contribuyentes”, apuntan, “sino que debe ser la alcaldesa -Eva de Anta- o el propio Partido Socialista los que se hagan cargo del pago”.

Los populares manifiestan que en su momento ellos alertaron de la “ilegalidad que estaba cometiendo la alcaldesa al destituir al entonces secretario por otra funcionaria del Ayuntamiento, saltándose para ello incluso el orden las listas habilitadas al efecto”.

En este, como en otros asuntos, Eva de Anta demostró una clara arbitrariedad al adoptar la decisión bajo un criterio exclusivamente personal y sin tener en cuenta, y vulnerar, la normativa en esta materia”, criticaba esta mañana la portavoz del Grupo, Dácil Garcias.

Dácil también acusaba a la primera edil de que “por mucho que se insistió” desde su partido ante el grupo de gobierno de que “la destitución era una ilegalidad en los términos en la que se llevó a cabo, Eva de Anta se mantuvo en sus trece por encima incluso de los planteamientos que realizó Función Pública”.

La portavoz local del PP exponía, además, que el dinero público está “para hacer inversiones y mejorar servicios pero en ningún caso para pagar los caprichos personales del Partido Socialista y de una alcaldesa que no respeta la legalidad y no duda en saltarse los procedimientos establecidos”, criticó.

Revés en los juzgados

Hay que apuntar que, recientemente, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 3 de Las Palmas G.C. daba la razón Francisco Javier López Martínez, dejando sin efecto el decreto que lo alejaba de las funciones como secretario del Ayuntamiento de Arrecife.

Los juzgados tumbaron así el decreto (5 de junio de 2015) por el que el Ayuntamiento de Arrecife nombraba a Pilar Machín como secretaria, apartando del cargo al secretario accidental, Javier López, tal y como había designado la alcadesa Eva De Anta.

La sentencia condena a la administración al pago de las costas y considera que el consistorio capitalino vulneró derechos fundamentales del recurrente ya que no se le permitió “acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.

Contra esta decisión, el Ayuntamiento tiene 15 días para presentar recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

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