El PP avisa de posibles compensaciones por el contrato de basura en Teguise

La sentencia condenatoria que anula la última adjudicación del servicio de recogida de residuos en el municipio de Teguise, podría tener repercusiones económicas para el consistorio local.

Así lo ha advertido hoy el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Teguise, Jonás Álvarez, quien denunciaba además lo que definió como “el ocultamiento, la falta de transparencia y la irresponsabilidad”con la que el alcalde, Oswaldo Betancort, ha llevado un tema tan delicado”.

Aclarando previamente que esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no reconoce efectos indemnizatorios a la empresa recurrente, si es posible que se pueda incorporar en una fase posterior si la empresa presentara ahora una reclamación patrimonial por daños y perjuicios, basándose en la misma.

En ese caso, según la versión del edil de la oposición, se podría determinar una indemnización por el beneficio industrial perdido, del 6% del precio de adjudicación del contrato, lo que supondría más de un millón de euros.

De producirse este hecho, añade Álvarez, “supondría un desequilibrio sustancial de los presupuestos municipales aprobados el pasado mes de enero, poniendo en riesgo la salud financiera y servicios esenciales para el municipio”, apunta hoy el representante, quien mantiene aún fresco en la memoria el recuerdo de las indemnizaciones millonarias por ocupación de terrenos en Caleta de Caballo, que tuvo que afrontar el Ayuntamiento recientemente.

El concejal conservador critica, además, que el gobierno municipal “haya mantenido este asunto de espaldas a los grupos de la oposición”, y que no fuera hasta el último pleno cuando llevara, por la vía de urgencia, la propuesta para acatar la ejecución de sentencia sin que, tal y como denunció el concejal del Partido Popular, se hubiese facilitado toda la documentación del expediente.

Entonces el concejal popular solicitó que se dejara sobre la mesa el asunto hasta tener toda la información, algo que no sucedió.

Álvarez critica que el grupo de gobierno “tuviese conocimiento de la sentencia desde junio de 2018, y que la haya mantenido oculta durante todos estos meses pues ni siquiera cuando se notificó la obligación de ejecutarla se informó de la misma”.

El concejal del Partido Popular considera que Oswaldo Betancort ha actuado “de mala fe y de forma irresponsable al guardar la sentencia en la gaveta hasta el último momento y que sea ahora deprisa y a la carrera cuando pone en evidencia el problema llevándolo a pleno por el trámite de urgencia.”

Sentencia adversa desde 2017

La primera sentencia anulando la adjudicación del servicio de recogida de residuos en el municipio de Teguise se dictó en marzo de 2017, cuando se estimaba el recurso presentado por una de las empresas concurrentes. Allí se advertía que el procedimiento debía retrotraerse al momento de la valoración de las ofertas, por un “vicio de nulidad”.

Según la información a la que ha podido tener acceso el concejal del Partido Popular, una vez celebrado el pleno, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias demuestra claramente que “desde el inicio del proceso de contratación / adjudicación se estaban haciendo las cosas mal”.

Entre otras cuestiones, la sentencia cuestiona la salida que le dio el Ayuntamiento al IPC en las ofertas. Y es que si bien en los pliegos de condiciones no se incluía nada referente al IPC, sí lo hizo la que finalmente resultó adjudicataria.

A este respecto, la sentencia señala que “la administración ante la existencia de dos propuestas que lo incluyen (IPC) de mutuo propio, lo que hace es, alejándose del Pliego de Contratos de las Administraciones Públicas, aplicarlo al resto de propuestas en base a un principio de igualdad que desde luego no justifica el apartamiento de las pautas señaladas en los pliegos”, y por tanto se “considera que la valoración ya está viciada desde el inicio al haberse producido una clara discordancia entre los criterios manifestados en el pliego de cláusulas”.

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