El Órgano de Evaluación Ambiental no nacerá consensuado en el Cabildo
Antes de su previsible aprobación en Pleno, la comisión de Hacienda del Cabildo de Lanzarote ha emitido este lunes un dictamen en contra del proyecto de Reglamento para la creación y funcionamiento del Órgano de Evaluación Ambiental de Lanzarote, que asumiría en el ámbito insular las funciones que hasta ahora venía ejerciendo la COTMAC, en virtud de la Ley del Suelo.
Los grupos de la oposición (PSOE, Podemos, Somos Lanzarote y Ciudadanos) mostraron sus argumentos en contra y, según afirman desde estos partidos, “el consejero del Área de Política Territorial y Medio Ambiente, Echedey Eugenio (CC), se ha negado a incorporar ninguna de las aportaciones hechas por el resto de partidos presentes en la comisión, ratificando así la intención de que el reglamento se apruebe con los votos del grupo de gobierno (CC, PP, PIL y Sosa) en un pleno extraordinario previsto para este jueves”.
Los grupos de la oposición en la institución insular mostraron en la Comisión su postura “contraria a la intención del grupo de gobierno de que la designación de los miembros de este ente, encargado de la evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, y que se elegirían por un periodo de 5 años, recaiga en el Consejo de Gobierno”, algo por lo que sí apuesta el grupo de Gobierno.
Exponen los grupos que votaron en contra que “la mayoría de los cabildos de Canarias han optado por atribuir a sus respectivos plenos la función de designar a los miembros (presidente, secretario y vocales) de estos nuevos órganos medioambientales, tratando así de garantizar la participación de los diferentes grupos”, defienden desde los partidos de la oposición.
Serán nombrados por un período de 5 años
Sin embargo, lamentan que “el grupo de Gobierno de Pedro San Ginés intenta crear, deprisa y corriendo, en pleno mes de agosto, la estructura de este organismo, monopolizando desde el Consejo de Gobierno, y a propuesta del presidente del Cabildo, la designación de los miembros, que, además, no podrán ser removidos de sus cargos ni en la presente ni en la próxima legislatura, al especificar el reglamento que la designación se efectúa por un periodo de 5 años”, según critican.
