El Ejecutivo envía al consejo consultivo la Ley de Suelo para que dictamine

La consejera de Hacienda (i), Rosa Dávila, y la de Política Territorial, Nieves Lady Barreto.

El anteproyecto de Ley de Suelo de Canarias recibió 129 alegaciones, en su mayoría procedentes de organizaciones empresariales, sindicales, vecinales y sociales. Acaba de ser remitido por el Gobierno de Canarias al Consejo Consultivo para que emita su dictamen, condición previa a su debate final.

Según ha informado el Consejo de Gobierno de Canarias este lunes, en cuanto a informes y observaciones de administraciones públicas, se recibieron observaciones de Cabildos y Ayuntamientos, incluyendo las alegaciones de la FECAM, así como informes de departamentos y organismos de la Administración autonómica.

En los datos hechos públicos por el Ejecutivo se apunta a que un tercio de las alegaciones solicita la ampliación del plazo de información pública y/o reinicio del procedimiento de elaboración del anteproyecto normativo, mientras que otro grupo de alegaciones manifiesta su oposición al planteamiento y estructura de anteproyecto de Ley, considerando, en general, que lo adecuado sería introducir cambios en el marco normativo actual, sin modificar su estructura (sistema de planeamiento, funciones de cada plan, revisión planes), ni los procedimientos de aprobación de planes (procedimientos bifásicos: aprobación provisional una Administración, aprobación definitiva Administración autonómica), ni las reglas de intervención sobre el territorio (en particular, el doble mecanismo de control sobre el suelo rústico), que debería mantenerse (petición de que se mantengan en vigor las Directrices de Ordenación General de 2003).

Hay que recordar que el 14 de marzo se publicó el anuncio por el que sometía a información pública el anteproyecto de Ley por un plazo de 20 días que culminó el 8 de abril. Dicho plazo se amplió por anuncio del 6 de abril siguiente 15 días más, que se agotaron el 26 de abril. Por tanto, explican, el expediente se sometió a información pública durante 35 días hábiles, si bien, de facto, ha estado disponible desde el 22 de febrero hasta el 26 de abril, más de 2 meses.