Arrecife dice que exigirá la devolución de lo malversado en el caso Proselan

Después de la condena ratificada por el Tribunal Supremo, los trabajadores Rafael Arrocha y Carlos Sáenz serán apartados de sus funciones municipales una vez que sea notificada la sentencia al consistorio y a Función Pública (en el caso del Interventor). Así lo apuntaban este miércoles desde el Ayuntamiento arrecifeño.

Además, la Institución exigirá la devolución de los caudales públicos malversados tras acreditarse el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la empresa Proselan, por trabajos de electricidad no realizados, apunta la sentencia.

Tras conocerse la sentencia firme del Tribunal Supremo a estos dos trabajadores públicos vinculados al caso, la institución municipal ha asegurado que procederá a la ejecución del fallo judicial de inhabilitación para el ejercicio de empleo público durante ocho años.

Para ello, una vez notificada la sentencia desde la Audiencia Provincial de Las Palmas, se cesará al funcionario Rafael Arrocha de sus tareas como trabajador del área de Movilidad.

Detalla el Ayuntamiento que respecto al otro condenado, Carlos Sáenz, al ser su plaza en el departamento de Intervención una habilitación nacional, será Función Pública la entidad responsable de separar al funcionario de la Administración de manera definitiva.

Hay que anotar que esta sentencia afecta también al empresario José Daniel Hernández (Proselan). Los tres condenados deberán ingresar en prisión tras la rebaja de penas admitida por el TS. En el caso de los dos trabajadores del Ayuntamiento, la inhabilitación para empleo público es de ocho años.

La Sala II del Tribunal Supremo hacía pública esta semana la condena.