Advierten de la “precariedad laboral” entre los socorristas canarios

Sebastián Quintana considera que las licitaciones se realizan “muy a la baja”.

Licitaciones con presupuestos escasos y sueldos que no superan los 700 euros son algunas de las taras que muestra el sector de la seguridad acuática en el Archipiélago, según Sebastián Quintana, responsable de la campaña para la prevención de ahogamientos “Canarias, 1.500 km de costa”.

Advertía esta semana en el II Congreso de Seguridad y Prevención en el litoral de Canarias sobre la “precariedad laboral” en la que están instalados los profesionales isleños que se dedican a la seguridad acuática.

Según Quintana, los socorristas vienen a cobrar una media de “entre 600 y 700 euros al mes”, un salario que los sitúa “en el umbral de la pobreza”, comentaba durante su intervención.

El técnico responsabilizó de esta “precariedad” a las licitaciones que las corporaciones locales del Archipiélago cierran habitualmente con las empresas de vigilancia encargadas de prestar el servicio en las playas, unas contrataciones que, según Sebastián Quintana, se adjudican a las entidades de socorrismo “muy a la baja, con presupuestos muy escasos; y eso redunda en lo que se les paga” posteriormente a los efectivos.

En su argumentación sobre el sector se desgranaban otras claves, como la puesta en marcha de los medios humanos y materiales que deberá acompañar la entrada en vigor del nuevo Decreto de seguridad acuática y salvamento de la región, un nuevo catálogo de servicios y dotaciones que obligará a contar con “entre 500 y 700 nuevos socorristas” en los próximos dos años, aclaró Quintana.

Y en cuanto a las cifras de víctimas por ahogamientos, apuntaba que las costas canarias siguen registrando muertes, y son 47 fallecidos en lo que va de año. Si bien esta cifra supone un 38% menos que en el mismo periodo del año anterior; “un dato para la esperanza en el que, deseamos, Canarias 1.500 Km de Costa haya aportado un pequeño grano de arena en su reducción”, apuntaban los responsables de la campaña.

Lanzarote tiene avanzados los planes

El nuevo decreto regional de seguridad en playas y zonas de baño aprobado en agosto pasado, da un plazo de un año a los consistorios para redactar los planes de seguridad y salvamento con los que necesariamente deberán contar todas las playas que, conforme a los criterios establecidos en el propio decreto, tengan un grado de protección medio o alto en función de su nivel de peligrosidad.

Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote aclaran que estos documentos están avanzados en todos los municipios de la Isla, y muy previsiblemente Lanzarote será la primera en contar con los planes municipales, según apostillan.

La norma aprobada por la Consejería de Seguridad y Política Territorial del Gobierno de Canarias contempla además un plazo de entre 1 y 4 años para que los ayuntamientos, que son las administraciones competentes en esta materia, adopten las medidas de obligado cumplimiento.

El decreto clasifica a las playas como libres, peligrosas o de uso prohibido.

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