Teguise se saltó la planificación para legalizar los teleclubs, según el PSOE

Según ha denunciado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Teguise, José Brito, el grupo de Gobierno no cumplió con un acuerdo plenario promovido en el año 2014 por los propios responsables del consistorio, donde se ordenaba la realización de un inventario de infraestructuras públicas locales y la ejecución de un plan plurianual 2015/2019 para el acondicionamiento, también, de los centros socio culturales del municipio a la legislación vigente en materia de accesibilidad y actividades.

Brito pormenorizaba sobre la documentación de varios de los plenos celebrados en los últimos años en la institución “trompetera”, para acusar con los documentos en mano al alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort (CC), de “mentir” y de ser “un temerario” por las decisiones que ha tomado y los argumentos vertidos en torno al posible cierre de los servicios de restauración en los centros socioculturales del municipio.

Detalló el edil del PSOE que las mentiras se producen al afirmarse desde Alcaldía que se desconocía la situación de ilegalidad irregular de los centros públicos, y al apuntar hacia las limitaciones presupuestarias como obstáculo para contratar los servicios técnicos que dieran solución a este problema administrativo que ahora deriva en la posibilidad de la pérdida de varios puestos de trabajo.

100 instalaciones públicas pendientes de licencia

José Brito declaró en comparecencia pública este viernes razones como esta: “El alcalde sí tenía constancia de que los centros socio culturales estaban en situación ilegal, ya que en una sesión plenaria de abril de 2014, es el propio Gobierno quien elevó por urgencia una propuesta de Alcaldía donde se aprueba finalmente la iniciación de los trámites para la adecuación de dependencias municipales a la Ley 7/2011 (…) para garantizar la seguridad de los ciudadanos. También se dice en esa moción que, dado los elevados costes, no puede asumirlo el Ayuntamiento en una anualidad. Es por lo que se pide que los servicios municipales elaboren una relación de las instalaciones municipales de carácter educativo, social y deportivo. Se dice, además, que se encargue un proyecto para la instalación de las correspondientes memorias de seguridad. Y también se recoge en este acuerdo plenario de 2014 (punto 3), que una vez identificadas las necesidades y los costes, se elabore un plan plurianual 2014/2019 con una partida de inversiones fijas en el presupuesto anual de la Corporación”.

Subrayaba el edil que “este problema no es de ahora”, si bien desconocía “los motivos por los que no se han ejecutado en los presupuestos de 2015, 2016 o 2017 aquel compromiso”, señalaba antes de advertir que la lista de edificios públicos a legalizar en el municipio de Teguise alcanza la cifra de un centenar.

En cuanto a la petición lanzada a los medios informativos hace unos días por el Ayuntamiento de Teguise, donde se proponía una modificación de la Ley 7/2011, Brito descartó tal opción: “No es serio. En abril de 2014 llevan a pleno las medidas para adaptarse a la Ley; y en 2017, como no le viene bien, la quiere modificar porque no le gusta”, decía.

Por último, esgrimiendo otro acuerdo plenario, éste de junio de 2017, el concejal del PSOE criticó que “tres años y tres meses después, el grupo de Gobierno lleva a la mesa del pleno un acuerdo por el que ordena a la Oficina Técnica que informe sobre los pasos a seguir para legalizar los centros socio culturales; eso, tres años y tres meses después”.

Rajoy no puede ser la excusa”

Para José Brito, “no es de recibo culpar de este problena al PP, a Mariano Rajoy, o al propio PSOE, como han hecho en las últimas semanas. Es sólo una mala forma de hacer política a la que ya nos tienen acostumbrados y no pueden ser la excusa (…) Este problema no se ha solucionado porque no han querido. La realidad es que Oswaldo Betancot miente sobre las limitaciones de la Ley de Presupuestos Generales sobre las contrataciones, porque no es cierto que la ley te impida hacerte con los servicios de un abogado externo, ya que eso lo vemos en los decretos de Alcaldía mes tras mes… Con esto quiero decir que podría haberse contratado a técnicos externos anteriormente para hacer frente a estas legalizaciones. No es excusa que diga que no tenían técnicos en la oficina de actividades clasificadas”.

Por último, el portavoz socialista apuntaba hoy hacia la posibilidad de que este problema de legalizar edificios públicos sea un proceso largo y costoso: “En los últimos tiempos, el alcalde de Teguise ya ha sido identificado como un especialista en crear problemas donde no los había, para luego crear una solución que ya tenía, y así erigirse en salvador supremo de los ciudadanos. Pero lo que sí es una certeza es que no hay un control sobre el inventario, y eso es evidente”, comentaba antes de advertir de que “legalizar los centros y edificios públicos será un proceso largo que no sólo afectará a los restaurantes, sino que se trata de un trabajo más arduo. Por no hablar de las posibles indemnizaciones que los responsables de los bares, en el caso de los teleclubs, puedan solicitar, algo que no podemos descartar si son obligados a cerrar con contrato en vigor”.