Somos acusa al Gobierno de favorecer a la patronal hotelera al regular la VV

Somos Lanzarote ha exigido hoy medidas “que solucionen las graves disfunciones del alquiler de vivienda vacacional (VV)”, y ha acusado al gobierno de Canarias de “volver a legislar coincidiendo con la postura defendida por la patronal hotelera, repitiendo las restricciones de la norma autonómica de 2015 que  acumula cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulan sus principales artículos”, según afirma la secretaria política de la formación, Paula Corujo (foto de portada).

La organización, que se posicionado en contra del borrador del decreto de la mayoría de los plenos del Cabildo insular y los ayuntamientos de Arrecife y San Bartolomé, critica que “en lugar de proporcionar seguridad jurídica y un marco de funcionamiento uniforme, el Gobierno de Canarias se deshace de sus competencias dando lugar a un sistema despiezado que da pie a regulaciones antagónicas  y a un funcionamiento a distintas velocidades en función de la capacidad y desarrollo del planeamiento urbanístico  de cada municipio o plan insular”.

En Lanzarote la disfunción más grave es la actual crisis habitacional que se vive en la isla y en la que ha influido considerablemente el aumento del coste medio del alquiler de las viviendas al destinarse una parte importante de ellas al alquiler vacacional, isuponiendo que cada vez sea más complicado encontrar una vivienda a un precio digno. En otras zonas del Estado y del mundo se han llevado a cabo regulaciones basadas en la clasificación, zonificación, establecimiento de capacidades máximas, transparencia y suministro de datos entre plataformas de venta y administraciones, entre otras”, señala Paula Corujo. 

Desde Somos Lanzarote entienden que la compleja realidad del alquiler vacacional “debe abordarse desde la unidad de criterios y colaboración interadministrativa, así como atendiendo a distintos ejes reguladores como son la vivienda, el medioambiente, turismo, servicios sociales, urbanismo y economía, dado que afecta  e incide en estos ámbitos de manera directa o indirecta”.

Debemos plantar una normativa integral desde el punto de vista social, tributario, urbanístico, turístico, medioambiental, laboral, entre otros, y que corrija, prevea y planifique. El Gobierno de Canarias con el borrador presentado el pasado mayo no sólo no cumple con esos objetivos, sino que desatiende las disfunciones que actualmente genera el alquiler vacacional y renuncia a ejercer las competencias de las que es titular”, concluye Corujo.

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