Pedro San Ginés acudió a declarar a los juzgados por la incautación de la desaladora
7/08/2015
En calidad de imputado, o en calidad de querellado, como quiera definirse, el presidente del Cabildo de Lanzarote acudió esta mañana al Palacio de Justicia para defender su actuación en la incautación de la saladora de Montaña Roja, realizada hace unos meses, y que tras el archivo de la causa en primera instancia, volvió a reactivarse cuando la Audiencia Provincial observó, sí, indicios delictivos y autorizó la continuidad del proceso.
San Ginés ha tenido que responder por presuntos delitos cometidos por la Institución en dicha incautación, según la querella presentada por la empresa que explotaba la infraestructura del agua en Playa Blanca. El presidente estuvo acompañado por su abogado Carlos Viñas, decano lanzaroteño.
Como imputado, o como querellado, esa previsiblemente será la condición que Pedro San Ginés mantenga tras su salida de la declaración, ya que en aspectos judiciales sería muy extraño que tras la declaración de esta mañana, el juez decida “desmarcar” al declarante de la causa. Lo mismo podría suceder con los gerentes del Consejo Insular de Aguas y del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero, que también están llamados a declarar.
El titular de Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife es Jerónimo Alonso Herrero. Y en la declaración judicial, mezclando con un aliño bien grande de política y morbo, se podría cortar la tensión de las argumentaciones ya que el consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca, también se mezclará en la causa debido a que su formación se ha personado en la causa. Hay que recordar que Pedro San Ginés y Carlos Meca ya saltaron a la actualidad hace unos días por su interpretación bien distinta que hacía de los gastos que el Cabildo de Lanzarote ha realizado en los últimos años en asesoría jurídica por parte de determinados abogados y despachos.
En medio de este revuelo de intereses políticos se produce una declaración donde, como cabría suponer, Pedro San Ginés ha defendido con documentos sus argumentos sobre la incautación de la desaladora. En concreto, San Ginés mostró la cuatro notificaciones emitidas por la Institución en cuatro ejercicio, desde 2010 a 2014, para que Club Lanzarote abandonara la explotación de producción de agua para la que, afirma, no tenía autorización; “y mucho menos para venderla”. También acompañaba a estos argumentos las quejas a la empresa transmitidas por el Diputado el Común, entre otros documentos.
Y todo esto en una declaración donde los denunciantes, Club Lanzarote, ya conocían a la perfección la reciente denuncia presentada por el propio Pedro San Ginés contra la empresa por supuestos delitos de salud pública. El presidente tramitaba esta denuncia, donde además los acusa de presuntos delitos contra los consumidores, contra el medio ambiente, de fraude tributario y de estafa, hace unos días; y lo hacía en la Comisaría de la Policía Nacional lanzaroteña.
La empresa Club Lanzarote SA denunció en septiembre ante los Juzgados la incautación de su desalinizadora de la urbanización Montaña Roja mediante el “uso de la fuerza” y “sin ninguna orden judicial que la autorizara”.
