NC pide al Gobierno que limite por ley el desarrollo del alquiler vacacional

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, reclamó ayer al jefe del Ejecutivo de CC, Fernando Clavijo, que “reaccione frente a la inseguridad jurídica que rodea al alquiler vacacional”.

Rodríguez reiteró la voluntad de su partido para colaborar con el Gobierno de Canarias para ordenar esta actividad a través de una ley, al considerar que ofrece más garantías que un nuevo decreto, susceptible de volver a terminar judicializado.

El también portavoz parlamentario abogó por fijar una regulación con “estrictas condiciones y con límites” a una actividad, que provoca un aumento “exagerado e injustificado” de los alquileres en las zonas residenciales y, en consecuencia, el desplazamiento de la población así como serios problemas de convivencia, mientras que, en las áreas turísticas, ha adquirido una dimensión económica muy relevante con 128.000 camas en explotación, que genera problemas de competencia con el sector profesional.

“Ya no estamos hablando de un ingreso extra para las familias con una segunda vivienda sino de un negocio turístico con serios perjuicios para la población residente, laboral y para la hostelería profesional”, avisó el responsable de NC.

Más que una renta complementaria familiar, Román Rodríguez indicó que el alquiler vacacional se ha convertido en una actividad económica con 128.000 camas, un serio competidor para el sector hotelero reglado, además de que “fomenta el turismo de bajo coste”.

Pero otro factor “igual o más preocupante” para NC, el desplazamiento de la población residente hacia las afueras de las ciudades y de los núcleos urbanos próximos a zonas turísticas ante el “abusivo” incremento del precio de los alquileres de larga duración y los serios problemas de convivencia.

En opinión de Rodríguez, el jefe del Ejecutivo debe afrontar este problema porque es “su competencia y cuanto antes mejor, sobre todo, antes de que exploten los enfrentamientos” entre los residentes y los turistas, como ha ocurrido en Cataluña y Baleares, o de que se intensifiquen los problemas de los trabajadores y las familias.

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