Los propietarios de La Bufona afirman que la justicia “ha cerrado bocas”

Tras 17 años en los juzgados, la Asociación de Vecinos Almadracha de La Bufona cataloga de “gran noticia” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que anula el derribo en las viviendas y concluye que existieron irregularidades en las actuaciones de las Administraciones públicas. Los propietarios siempre esgrimieron que contaban con licencias de obras, licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad.

Creen los propietarios que esta sentencia -que no secunda la petición de la familia Murillo (promotor)- viene a “cerrar las bocas de aquellos que han hecho que este asunto se vea como el único existente en la isla, sólo por las personalidades que viven en la Urbanización”, explican en un comunicado, “cuando lo cierto”, continúan opinando, “es que seguramente vivamos en la Isla con mayor número de licencias anuladas”.

También señalan a la acción de algunos medios informativos, sin enumerarlos, afirmando que “el amiguismo imperante en algunos medios de comunicación” han hecho que se vea este como el único caso de licencias anuladas. Una circunstancia que ha contribuido, dicen, a la “injusticia y al machaque público”.

Desde el colectivo apuntan a la necesidad de “seguir luchando por la coherencia en el comportamiento de las administraciones”, después de que el TSJC haya concluido que si parte de las viviendas de La Bufona se encuentran sobre suelo rústico de protección del jable, ello se debe a la permisividad del Ayuntamiento de Arrecife y la APMUN.

Motivos del rechazo

Hay que apuntar que la sentencia del TSJC termina concluyendo que la actuación de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) no fue la correcta, ya que tendría que haber comenzado con la impugnación de las licencias si consideraba que se estaba construyendo en suelo rústico. Al no hacerlo así, concluye el Tribunal, ha de estimarse el recurso de los vecinos.

Por otro lado, otro de los motivos que recoge la sentencia para anular los actos de la APMUN es que considera de muy dudosa aplicación el Texto Refundido en su versión del año 2.000, ya que el procedimiento administrativo se inicia cuando todavía esta reforma no había entrado en vigor, pudiendo estar caducada la acción para instar la demolición de parte de las viviendas.

El Registrador no accede a la petición de la familia Murillo

También han desvelado desde el colectivo vecinal Almadraba que la familia Murillo inició hace unos meses un procedimiento en el registro de la Propiedad de Arrecife para hacer coincidir las fincas catastrales con el Registro de la Propiedad, una pretensión que, según los propietarios, no se admitió por parte del Registrador al entender que las fincas catastrales no coinciden con lo que aparece en el Registro de la Propiedad.