La patronal rechaza las restricciones que amenazan a sus desaladoras

Los hoteleros confirman que impugnarán las Normas Transitorias del Plan Hidrológico de Lanzarote. Para ASOLAN, el colectivo que los engloba en la Isla, la medida «introduce una restricción de derechos que para nada se contiene en la legislación autonómica de aguas, vedando prácticamente la iniciativa privada y el autoconsumo».

De carácter reglamentario y promovida por el Consejo Insular de Aguas y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, esta normativa “no solamente se introduce una regulación más restrictiva de los derechos adquiridos sino que», según Asolan, «-vía reglamentaria y sin indemnización ni audiencia al afectado ni, tampoco, justificación de causa de utilidad pública- supone, de facto, dejar sin contenido patrimonial unas instalaciones privadas que, en muchos casos, ni siquiera habrán sido amortizadas y en su momento fueron y siguen siendo necesarias para el correcto funcionamiento de los establecimientos”, indican desde la patronal.

Asimismo, y «es este un dato sumamente importante», consideran, Asolan advierte que Lanzarote es la única Isla de Canarias donde se persiste en un régimen restrictivo para el autoconsumo, «lo que afectará muy negativamente a la competitividad de las empresas aquí radicadas, poniendo en algunos casos en peligro su viabilidad, sin que la propia Administración haya podido dar una respuesta convincente a dicho agravio comparativo para con el resto de los Planes Hidrológicos transitorios aprobados», y ponen como ejemplo más cercano la regulación de la materia contenida en las Normas Transitorias recientemente aprobadas para Fuerteventura, con unas condiciones muy similares a Lanzarote.

En el mismo orden, aclara ASOLAN que «no es cierto» que el posible incremento del precio del agua se realice como consecuencia del mantenimiento de las desaladoras, «por el contrario, está directamente relacionada con la negligente gestión y políticas aplicadas durante años en materia de aguas en Lanzarote», acusan.

Por tanto, consideran que «la optimización del precio no debe ser a costa de los sectores económicos que sostienen la isla: agricultura, turismo, industria, etc».

«Por todo, desde la entidad se persigue la impugnación de la norma, a fin de poder emprender un nuevo régimen regulatorio en materia de aguas que beneficie a toda la sociedad y, por ende, a todos los sectores», concluye el comunicado de la patronal.

(Foto de portada: Susana Pérez, presidenta de ASOLAN)