Los planes municipales de seguridad en las playas deben estar en un año

El nuevo decreto regional de seguridad en playas y zonas de baño da un plazo de un año a los consistorios para redactar los planes de seguridad y salvamento con los que necesariamente deberán contar todas las playas que, conforme a los criterios establecidos en el propio decreto, deban contar con un grado de protección medio o alto en función de su nivel de peligrosidad.

Desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote aclaran que estos documentos están avanzados en todos los municipios de la Isla, y muy previsiblemente Lanzarote será la primera en contar con los planes municipales, según nos informan.

La norma que se acaba de aprobar -tras su publicación hoy en el Boletín Oficial de Canarias- contempla además un plazo de entre 1 y 4 años para que los ayuntamientos, que son las administraciones competentes en esta materia, adopten las medidas de obligado cumplimiento.

El decreto clasifica a las playas como libres, peligrosas o de uso prohibido.

Puesto de vigilancia en la Playa de Famara.

En las playas peligrosas o libres se determinará el grado de protección para cada una de las temporadas de afluencia, que podrá ser bajo, moderado o alto. Dicho grado de protección será el resultado de combinar el criterio de la afluencia de personas con el riesgo intrínseco de la playa, según los parámetros establecidos en el propio decreto. Si es moderado o alto, la playa deberá contar con el correspondiente Plan de Seguridad y Salvamento elaborado por el ayuntamiento.

Además, el texto contiene el Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas de Canarias como instrumento al servicio de las diferentes administraciones públicas y de la ciudadanía en general. Este documento permitirá conocer los diferentes tipos de playas y otras zonas de baño marítimas conforme a su clasificación, sus características físicas, los grados de protección por temporadas, en su caso, y los extremos relativos a la seguridad que sean relevantes para una eficaz intervención y coordinación ante emergencias ordinarias y de Protección Civil. Solo Baleares cuenta con una norma de similares características.

Las medidas del decreto llevan aparejada la financiación dentro del Fondo Canario de Financiación Municipal, que se incrementa y consolida este año en 30 millones de euros para competencias municipales que son de interés general para el Gobierno, competencias enumeradas en los Presupuestos de 2018, entre las que se encuentran las medidas de seguridad en playas y zonas.

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