Las familias de La Bufona critican que “los condenados no serán escuchados”

Tras la sentencia que ordena el derribo de parte de sus chalés, los propietarios de las 14 viviendas que mantienen una batalla judicial desde hace 17 años en La Bufona con la familia Murillo anuncian que presentarán reclamaciones ante el Ayuntamiento de Arrecife y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ante lo que definen como “responsabilidad clara de éstas por permitir la construcción de las viviendas, permitiendo asimismo que personas con absoluto desconocimiento de lo que pasaba compraran las viviendas que ahora pretenden demoler parcialmente”.

Recuerdan qye que las viviendas fueron construidas entre el año 1995 a 2000, amparadas por licencia de obra concedida por el Ayuntamiento de Arrecife, cuando estaban al frente María Isabel Deníz y Manuela Armas.

Los propietarios, que tras la última sentencia se verán abocados al derribo de parte de sus viviendas, apuntan que con posterioridad se les otorgó licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad, “dando así cobertura legal a las viviendas construidas en su totalidad”. Y consideran que “pocas viviendas en Lanzarote se han construido bajo un instrumento como es un Plan Parcial, sin embargo parece más fácil echarlo a bajo que aquellas otras muchas obras construidas sin permiso alguno”.

Asombro ante la sentencia

Estos vecinos de Arrecife, a quienes representan la Asociación de vecinos Almadracha, “son terceros de buena”, y así han sido considerados por algunas de las sentencias emitidas al respecto.

Respecto a la última sentencia penal, vienen a mostrar su “asombro y desilusión” porque afirman que no han participado en e proceso como perjudicados, a pesar de estar en juego parte de sus viviendas, algo que rechazan ya que, al final, “los verdaderos condenados no serán escuchados, vulnerando el derecho que la Constitución da a toda persona de ser escuchado en un proceso justo con todas las garantías”, critican.

Desde la Asociación de vecinos Almadracha declaran que Murillo, después de 17 años de batallas mediáticas, “sólo ha conseguido que condenen al constructor y al promotor de las viviendas a 4 meses multa y arruinar la vida a 14 familias por derribar parte de sus viviendas”. “Es lamentable ver como aquellos que han sido condenados salen del proceso con una sentencia más favorable que aquellos que no tuvieron esa oportunidad por el Juzgado y que verán derribada parte de sus casas”.

Jurisprudencia

Los afectados de La Bufona echan mano de un caso de similares características ocurrido en Sanxenxo. En este, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en una reciente sentencia de 10 de enero de 2017 por no haber dado el Tribunal audiencia a los propietarios de una vivienda cuyo derribo se había ordenado.

Esta sentencia termina concluyendo que los tribunales españoles no se pueden olvidar de los legítimos propietarios de esas viviendas, ya que para hacer justicia necesitan tener en cuenta a estos propietarios, nos recuerdan desde el colectivo.

Los vecinos de la Urbanización La Bufona afirman que “no descansarán hasta ver que se hace verdadera justicia con esta urbanización abandonada por el Ayuntamiento de Arrecife, a pesar de recibir el pago de sus impuestos y estudia qué medidas se pueden adoptar no solo contra las Administraciones Públicas sino también contra el constructor y promotor de las viviendas”.

El morbo de sus conocidos propietarios

El Tribunal Supremo anuló hace años la modificación del plan parcial de La Bufona que se hizo en 1998, por lo que actualmente todas las casas están fuera de ordenación. La Apmun ya ordenó el derribo parcial de 14 chalés que ocupan suelo rústico y responsabiliza a los propietarios de las viviendas -once de los cuales, al menos, recurrieron la decisión- de haber ampliado las casas.

Este caso ha obtenido, si cabe, mayor relevancia informativa por la titularidad de algunos de los propietarios de los chalés. Entre los dueños de esas casas se encuentra un notario, que escrituró -con errores de bulto según la acusación- otras viviendas de esa Urbanización. Otro de los propietarios es el fiscal Miguel Pallarés, entonces fiscal coordinador de Arrecife, y la presidenta insular del PP y concejala capitalina, Astrid Pérez.

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