Una empresa es denunciada por un posible delito contra los trabajadores

Una empresa de reformas lanzaroteña ha sido investigada por los agentes del Destacamento de Protección de la Naturaleza (DEPRONA) de la Guardia Civil ya que, supuestamente, no dotó a sus empleados de los medios necesarios para que desempeñasen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas.

La primera intervención se realizaba el pasado día 27 de noviembre, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de posibles irregularidades laborales que se estaban produciendo en una nave industrial de Tahíche, en el municipio de Teguise, por lo que la patrulla del DEPRONA se dirigió al lugar. Según relatan los investigadores, desde la puerta principal de la nave, los agentes observaron a varios trabajadores manipulando el material del tejado, sin cascos ni arneses de seguridad.

Una vez en el interior de la nave, los agentes comprobaron cómo aquellos tampoco disponían de mascarillas, trajes de protección individual y guantes, requeridos para la manipulación del material con el que trabajaban, ya que estaban sustituyendo el antiguo techo por otro nuevo, siendo el anterior de micro-cemento amiantado, un material considerado peligroso para la salud, explican.

Los agentes solicitaron la documentación laboral del proyecto, manifestando los trabajadores que desconocían si su empresa estaba autorizada o no para la manipulación del mencionado material, solictándoles los agentes que la tuviesen disponible al día siguiente.

Una segunda visita con los inspectores de Trabajo

A raíz de la primera inspección, la Guardia Civil daba aviso tanto a los trabajadores como a la Oficina de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Trabajo en Lanzarote para realizar al día siguiente una inspección completa de la obra.

Durante aquel día 28, la Guardia Civil, acompañados de inspectores de la referida Oficina, volvían nuevamente a la obra en cuestión y observaban cómo los trabajadores sí disponían de arneses de seguridad y guantes, pero no de mascarillas.

Tras consultar la documentación se pudo deducir que la empresa que contrató a los trabajadores no estaba autorizada a manipular el citado  material. Además, Inspección de Trabajo paralizó las obras por el referido incumplimiento de las medidas de seguridad en la manipulación y tratamiento del amianto, así como -por ejemplo- carecer de aseos y de un plan de trabajo.

Por el delito observado -y en base al artículo 316 del Código Penal- la Guardia Civil remitió la identificación de la empresa al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción como supuesta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores.