El arrepentimiento de Reyes reducirá su condena a los seis años de cárcel

En el caso Yate, la Fiscalía de Medio Ambiente de Canarias ha informado hoy del acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y la acusación popular con las defensas de nueve de los once procesados, que reconocen su culpabilidad en la trama de corrupción urbanística del municipio de Yaiza. La comunicación se realizaba a la Audiencia Provincial en la jornada en la que se celebraba el juicio. Hay que recordar que la acusación popular es ejercida por la asociación Transparencia Urbanística.

Las acusaciones han transmitido a la Audiencia durante este período de cuestiones previas esta solicitud para modificar las solicitudes de condena que habían emitido en el caso Yate. De esta forma, se reconocen a los nueve “arrepentidos” el beneficio de tres atenuantes que ahora esgrime el Ministerio Fiscal, esto es, dilaciones indebidas por dos años de paralización de la causa, confesión y reparación del daño.

En cuanto al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, éste ya había reconocido la semana pasada que recibió hasta 300.000 euros en concepto de sobornos por parte de varios empresarios insulares, a los que autorizó y concedió varias licencias que la Fiscalía cuestiona en este proceso.

Las licencias cuestionadas son las de una veintena de hoteles en Playa Blanca, el puerto deportivo de Marina Rubicón y otras construcciones en el sur de Lanzarote.

Este último acuerdo alcanzado por Reyes –que ya ha recibido dos sentencias anteriores- supone una reducción en la solicitud de la pena a seis años de prisión, una solicitud que podría haber sido de hasta 30 años porque se le acusa de delitos como prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, malversación, blanqueo de capitales y otro de negociaciones prohibidas a funcionarios y autoridades públicas.

El Ministerio Fiscal dirigía también cargos por blanqueo de capitales contra su esposa, Antonia Rafaela Torres Perdomo, y para tres de sus hijos, María Beatriz, María Noelia y José Francisco Abel Torres Perdomo, como autores de un delito de blanqueo de capitales, por haber actuado como testaferros de las operaciones analizadas en el proceso judicial.

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