El PP exige al Gobierno que modifique ya el Decreto del alquiler vacacional

Continúan las sospechas en el sector del alquiler vacacional canario de que «intereses de los grandes lobbies turísticos» retrasan la regulación de este tipo de alquiler en la región. Y en ese marco, la portavoz de Turismo del Grupo Popular del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, solicitó la semana pasada al Gobierno de Canarias la “modificación inmediata” del decreto por el que se aprueba el reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias siguiendo las recomendaciones del dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Astrid Pérez, que presentó una proposición no de Ley (PNL), consideró “urgente” la modificación del Decreto que regula el alquiler vacacional en Canarias para favorecer en mayor medida el interés general al eliminar las disposiciones afectadas por el dictamen de la Comisión con el fin de “eliminar los obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el sector turístico”.
“A nuestro juicio, dijo, las modificaciones que deben incorporarse fundamentalmente a norma son: que las viviendas vacacionales sean reguladas por su condición de viviendas y que no se liguen a suelos o planes urbanísticos, que se proceda a la inclusión del <Bed&Breakfast> como una modalidad más de alojamiento turístico y, por último, que se elimine del decreto la habitualidad del arrendador en la actividad y finalidad vacacional al arrendatario”.

De lo contrario, alertó la diputada popular, estaríamos manteniendo una norma eminentemente restrictiva que alejaría al destino Canarias del contexto mundial de innovación tecnológica en el sector del alojamiento con finalidad turística y no turística, que afecta tanto a los operadores ya instalados como a nuevos entrantes que prestan servicios de alojamiento a través de servicios online y de economía colaborativa.

Astrid Pérez recordó al Gobierno de Canarias y a los partidos políticos que lo apoyan que si tienen “voluntad política” para solucionar de verdad el problema en el que se encuentran las viviendas de alquiler vacacional “deben dejarse de ambigüedades y modificar solo el artículo 3.2 del actual decreto”.

“Lo contrario es mantener una norma que obstaculiza la readaptación del modelo de desarrollo turístico y causa profundos desequilibrios en los municipios turísticos donde la modalidad del “todo incluido” en establecimientos hoteleros reglados ha llevado al colapso a muchas de las actividades de servicios periféricos a la actividad hotelera y al propio alquiler vacacional”.