El gasto farmacéutico en psiquiatría levanta las críticas de Podemos
El gasto farmacéutico anual de Canarias en medicación de psiquiatría es de cerca de 50 millones de euros entre 2011 y 2015. Una cifra que la diputada Natividad Arnaiz (Podemos) ha calificado de “escandalosa” y por la que pide explicaciones al Gobierno de Canarias ya que “probaría que se gobierna para las farmacéuticas y no para las personas”, comenta.
Según los cálculos de la Organización Mundial de la Salud alrededor de un 2,5% de la población está afectada por trastornos mentales graves, lo que en Canarias, con una población de unos dos millones de habitantes, supondría unas 40.000 personas, mientras que ascienden a 190.000 las afectadas por trastornos leves. El gasto de 50 millones de euros estaría destinado a estas 190.000 personas.
El problema, según explica la diputada, es que las enfermedades mentales siguen siendo vistas casi exclusivamente desde el punto de vista farmacológico. “Con más apoyo psicosocial, con rehabilitación de mano de psicólogos, terapeutas o trabajadores sociales, mejora el resultado, habría que invertir al menos la misma cantidad de dinero en ello, pero eso no pasa, la base del tratamiento hoy por hoy son los fármacos”, explica Arnaiz.
Y según argumenta Andrés Mendoza, presidente de la Asociación de Salud Mental, de este modo, hablamos solo de un gasto, no de una inversión. “Si lo acompañamos de otros programas de rehabilitación, de prevención de la enfermedad, de promoción de la salud, intervención familiar y acompañamiento integral, entonces si es una inversión con retorno inmediato a la sociedad, se traduce automáticamente en la mejora de la vida de las personas”.
Pero, según detalla, los medicamentos por si solos no suponen un avance, estacan a los pacientes y en muchos casos les llevan al aislamiento y el estigma.
Por eso Podemos instará a través de una PNL al Gobierno a la creación de un Plan canario de Salud Mental “en el que la medicación vaya acompañada de apoyo psicoterapéutico, y se trabaje para la integración educativa y laboral, en el ocio y las actividades de la vida cotidiana”.
“Debe seguir considerándose ciudadanía, titular de derechos. La intervención psiquiátrica debe ser un eje, que comparta protagonismo con otros de carácter social, donde la ciudadanía participe como sujeto activo, quien padece la enfermedad y sus familiares”, expuso Mendoza en la Comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias.
