ASOLAN y ASOFUER exigen al Ejecutivo la nueva norma del alquiler vacacional
“Desequilibrios en el mercado turístico y en el parque de viviendas de alquiler”; eso es lo que está provocando hoy la no publicación por parte del Gobierno de Canarias del nuevo decreto de vivienda vacacional, según opinan los presidentes de las patronales turísticas de Lanzarote (ASOLAN) y Fuerteventura (ASOFUER), Susana Pérez y Antonio Hormiga.
Las patronales dicen hacerse eco “no sólo de la problemática social generada por la falta de viviendas para residentes, sino también del desequilibrio que está produciendo en el mercado y su impacto negativo en el sector turístico”.
“La falta de viviendas para residencia, motivada por el uso vacacional de muchos inmuebles, viene generando serios problemas en la ciudadanía, tal como denuncian distintas plataformas ciudadanas y produciendo un desequilibrio insostenible en el mercado”, señalan.
Las patronales de las islas orientales defienden que cada isla territorio, y zona en particular tiene unas singularidades diferentes por lo que comparten la idea de que los Ayuntamientos y Cabildos puedan delimitar usos y zonas, como ya han hecho muchas ciudades como Palma de Mallorca, Madrid o San Sebastián, según ponen como ejemplo.
Sobre este aspecto, advierten, “aunque es lo más conveniente, lo cierto es que el proceso se dilatará en el tiempo ya que las entidades locales deberán analizar y luego establecer los límites que consideren, por lo que, el proceso se dilatará todavía más en el tiempo”.
Los representantes de los empresarios turísticos de Lanzarote y Fuerteventura aseguran que la situación «se está agravando como muestran las numerosas plataformas que están surgiendo en el archipiélago para reivindicar una solución a este grave problema que tanto está distorsionando el mercado, provocando dificultades a los trabajadores que se están quedando sin viviendas de alquiler, pues pasan al mercado turístico”.
En este sentido, han instado también al Ejecutivo canario a intensificar las inspecciones sobre la oferta ilegal de vivienda vacacional, que según el último estudio realizado por la propia Consejería de Turismo, asciende a 31.675 viviendas, 131.032 camas en el conjunto de las Islas, es decir un 22% del total de la oferta de camas.
Hormiga y Pérez alertan sobre un cambio de rumbo en el sector turístico que afecta a las perspectivas económicas que genera este segmento de viviendas de uso turístico ilegales en las islas, «tal y como demuestra las cifras que ocupación hotelera y extrahotelera desde finales del pasado año». En este contexto, apuntan al “importante papel jugado por los turoperadores en favor de potenciar la llegada de turistas a nuestros destinos competidores directos, mientras que en Canarias se permanece a la espera de una regulación acertada”.
